MANAGUA — El gobierno de nicaragüense de Daniel Ortega ordenó al representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y a su grupo de trabajo que saliera del país.
La expulsión de Guillermo Fernández Maldonado y de su equipo se da después de la publicación de un informe de las Naciones Unidas en el que se acusa a las autoridades de cometer abusos de la fuerza y violaciones de derechos humanos contra manifestantes.
Ortega rechazó ese informe, al que tildó de “extralimitado, parcializado y subjetivo”.
En una carta enviada a la representante regional de OACNUDH, el canciller nicaragüense, Denis Moncada, sentenció que la invitación al personal de la ONU se hizo para revisar el proceso de retiro de las barricadas de los manifestantes, que han realizado protestas desde abril y exigen la renuncia de Ortega, pero que la misión ya no era necesaria para ese fin.
“Considerando que han cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen a dicha invitación, este ministerio da por concluida la invitación y finalizada la visita”, dice Moncada en la carta.
Fernández Maldonado había adelantado esta semana que el Consejo de Seguridad de la ONU discutiría el caso nicaragüense en la reunión del próximo 5 de septiembre, a partir del informe.
“La OACNUDH proseguirá con su labor de monitorear e informar sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua de forma remota”, indicó el organismo en un comunicado.
En el reciente informe, la ONU indicó que el gobierno de Ortega ha perseguido a los manifestantes y que paramilitares vinculados al mismo gobierno son responsables de la muerte de la mayoría de las trescientas personas que han fallecido hasta ahora.
El reporte también criticó las detenciones ilegales de manifestantes, casos de tortura y la celebración de juicios a puertas cerradas.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos creó también a mediados de agosto un grupo de trabajo para realizar visitas oficiales a Nicaragua y dar seguimiento a la crisis. El presidente Ortega ha dicho que no dejará que ese grupo ingrese al país.
A mediados de abril, jubilados y estudiantes salieron a las calles para protestar contra los recortes en el sistema de seguridad social decretados por Ortega. Se toparon con represión por parte de simpatizantes del oficialismo, paramilitares y de la policía antimotines.
Ortega culpa a agentes internacionales y a enemigos internos de orquestar todo como un intento de derrocarlo y ha dicho que no dejará el cargo antes del final de la legislatura en 2021.
Las protestas siguen pero son más pequeñas, ya que muchos líderes estudiantiles fueron detenidos o forzados a esconderse o exiliarse.
Fuente: The New York Times
