CANCÚN, Q. Roo (apro).- El próximo 1 de agosto vence el plazo para que el juez Séptimo de Distrito, Darío Alejandro Villa Arnaiz, defina la situación jurídica de los 16 comuneros de Holbox acusados de delitos ambientales.
En caso de que el juez determine el auto de formal prisión, los inculpados no podrán ser liberados bajo fianza porque los cargos en su contra –tala de especies protegidas y cambio de uso de suelo forestal a urbano– son clasificados como graves.
De acuerdo con el abogado de los comuneros, Alejandro Aguirre Buenfil, el litigio se ha centrado hasta ahora en si los holboxeños fueron sorprendidos en flagrancia por los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y elementos de la Marina-Armada de México en la tala de manglar y palma chit, que son especies protegidas.
Mañana, un día antes de que el juez Villa Arnaiz emita su resolución, ambas partes presentarán los últimos peritajes para determinar el momento o el tiempo en que ambas especies fueron cortadas.
Aguirre Buenfil indicó que en la audiencia celebrada ayer, la delegada de la Profepa, Ludivina Menchaca, indicó que la denuncia por la afectación del predio la recibió “días atrás” del operativo en el que fueron aprehendidos los 16 comuneros.
También destacó que en el peritaje de la Procuraduría General de la República (PGR) se establece que los especímenes de mangle y palma chit fueron cortados entre el día de los hechos y 15 días atrás, y destacó que durante la audiencia los inspectores de la Profepa no presentaron pruebas de que los comuneros fueron sorprendidos en flagrancia.
“En las fotografías que presentaron no se ve a los comuneros cortando manglar o palma chit”, dijo, aunque reconoció que fueron detenidos en el área afectada.
