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Un jugador de rugby sacude el Congreso

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El 3 de octubre de 2015, Alberto Aláiz, de 39 años entonces, se quedó tetrapléjico después de sufrir un placaje en un partido de rugby de cuarta regional madrileña en Getafe entre el Atlético, su equipo, y el Alcorcón. Estando aún en coma en el hospital, un representante de la compañía de seguros con quien tenía el seguro obligatorio de deportistas informó a sus padres de que le correspondería una indemnización de 12.000 euros. Indignados por lo que, a todas luces, era una cantidad ridícula teniendo en cuenta la de gastos que le sobrevendrían solamente para llevar una vida mínimamente de supervivencia, los padres se negaron a firmar el finiquito que les ofrecía la aseguradora. “Esto es lo que hay”, les dijeron. “Son las cantidades que figuran en el Real Decreto que regula las prestaciones mínimas del Seguro Obligatorio Deportivo”.

“Cuando empiezas a hacer deporte ya sabes que correr un riesgo, piensas en que te puedes romper una pierna o un brazo y te federas para tener un seguro, por si acaso, pero nunca piensas que te puede pasar algo más grave, así que no lees la letra pequeña del seguro, y las indemnizaciones, hasta que es demasiado tarde”, dice Aláiz, quien desde aquel día dividió su vida y su tiempo entre la rehabilitación y la lucha para cambiar la ley. “Supe que era una batalla que tenía que luchar”.

Han pasado casi dos años y medio desde el día en que quedó condenado a vivir en una silla de ruedas. Han sido 29 meses en los que Aláiz, que luchó solo al principio, que después encontró el apoyo de la abogada María José López, que no dejó de recordar al Consejo Superior de Deportes (CSD) su responsabilidad, y que acudió también a la Defensora del Pueblo, y ha movilizado a asociaciones de afectados, a partidos. Y ha cosechado al menos un fruto. El Congreso de los Diputados tratará en su sesión del miércoles una Proposición No de Ley presentada por el PSOE (y que cuenta, de entrada, con el apoyo de Podemos y Ciudadanos) para actualizar las indemnizaciones mínimas del seguro deportivo y la cobertura del seguro, y no solo, y también para que de una vez se desarrolle completamente la ley de la salud en el deporte.

“La obligatoriedad para todos los deportistas federados que participen en competiciones oficiales de ámbito estatal de estar en posesión de un seguro que cubra los riesgos para la salud derivados de la práctica de la modalidad deportiva correspondiente”, se lee en el Real Decreto que se quiere actualizar. Data de 1993 y lo firma Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro de Educación y Ciencia. Fija en dos millones de pesetas la indemnización por lesiones graves, como tetraplejia, una cantidad que entonces, hace 25 años, podía tener cierto sentido, pero que convertida en 12.000 euros en 2015 le merece a Aláiz el calificativo de “indecente”, lo que quizás se comparta plenamente si se añade que el mismo Real Decreto señala que el monto mínimo debería actualizarse cada tres años. Desde entonces, desde que se fijo en dos millones de pesetas, el único cambio ha sido traducirlo a 12.000 euros.

“Mi vida ha cambiado pero yo no he podido ni adaptar mi casa a mi tetraplejia, para lo que me hicieron un presupuesto de 80.000 euros, ni adaptar el coche o pagarme una rehabilitación que no sea puramente de mantenimiento”, dice Aláiz, padre de dos hijos. “Y ni siquiera pude percibir una ayuda para comprarme la silla de ruedas, pues el seguro solo financia material ortopédico para la curación, y el seguro considera que yo no tengo curación”. Si la lesión medular que cambió su vida la hubiera sufrido en un accidente de circulación, Aláiz habría recibido una indemnización de millón y medio de euros, según fija el baremo publicado en el BOE.

La licencia federativa de jugador de rugby le costaba a Aláiz 183 euros anuales, de los cuales, 135 correspondían al seguro, contratado con una compañía de seguros por la federación madrileña. “Por solo ocho euros más, la protección sería de 120.000 euros, he visto después, pero en las federaciones se quedan se quedan con el mínimo y aún me dicen en el CSD me dicen que si se sube el seguro muchas federaciones no podrían asumirlo”, dice Aláiz, que muestra datos de otros países y otros seguros: en Francia, un jugador de rugby recibió 4,5 millones de euros de la compañía de seguros por un caso como el suyo; en Irlanda el mínimo son 850.000 euros y 645.000 en el Reino Unido.

En su última reunión con las autoridades deportivas, Aláiz recuerda que José Ramón Lete, actual presidente del CSD, le dijo que desde su organismo no se podía hacer nada y que además no sería retroactivo, por lo que el jugador de rugby no se beneficiaría de ello. “Y yo le dije que yo no luchaba por mí, sino porque lo que yo sufro no lo sufra otra persona”, dice. “Si alguien lo hubiera hecho antes que yo, yo lo habría aprovechado… Y nunca me podría volver a mirar en el espejo si no hubiera luchado yo por otros”.

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