El caso Dragon Mart no está cerrado. Los funcionarios federales y locales que dieron “luz verde” al proyecto en Quintana Roo sin que la empresa tuviera permisos del gobierno federal, siguen sujetos a investigación por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
La suspensión “no es un tema político”, lo que se hizo fue realizar nuevas inspecciones ante las dudas que generaron las acciones realizadas.
Además de que se encontró que el proyecto no tenía los permisos de impacto ambiental y por haber desmantelado más de 200 hectáreas de zona forestal protegida (manglares).
En entrevista con EL UNIVERSAL , Guillermo Haro , titular de la Profepa, también reconoció que debido a la larga historia de la industria minera en la región, el río Sonora nunca podrá ser descontaminado, aunque se puede sanear el afluente para que el agua sea usada para fines domésticos y agrícolas, ante el derrame de sustancias tóxicas de una mina de Grupo México en agosto de 2014.
¿Por qué ordenar sólo la clausura del proyecto Dragon Mart, cuando ya se había reportado varias veces el problema?
— El asunto se inició al término de la anterior administración, hacia 2012. Tanto el gobierno de Quintana Roo como el ayuntamiento de Benito Juárez dieron algunos permisos de orden estatal y municipal para detonar el proyecto. La Profepa hizo algunas inspecciones en las que determinó de manera insuficiente, sin calidad técnica y con omisiones graves, que los terrenos no eran forestales, sino que se trataba, en algunos casos, de terrenos con acahuales o bien, que habían sido previamente impactados para extracción de material pétreo.
“Lo curioso de esa revisión que hizo en 2012 la Profepa, fue que en las actas de los inspectores que entonces intervinieron se determinó que eran terrenos forestales y los resolutivos avalados por el subdelegado jurídico y por el delegado, pues establecieron cuestiones distintas que no estaban asentadas en el acta. El desarrollo se inició prácticamente desmontando más de 150 hectáreas que son las que alcanzaron a devastar, más las 50 que previamente estaban impactadas por la utilización de material pétreo. Éstas hacen las 200 hectáreas afectadas de 547.
“Nosotros comenzamos a recibir en 2014 denuncias de organizaciones ambientalistas, desde luego, puntos de acuerdo del Congreso e, inclusive, un amparo que nos obligó a llevar a cabo una nueva inspección. Aún sin el amparo habíamos tomado la decisión de hacer una nueva inspección ante las dudas que nos generaba la manera en que se llevaron a cabo las revisiones. Personalmente visitamos el predio y nuestros inspectores determinaron varias cosas, entre ellas, que sí eran terrenos forestales, que fueron impactados para desarrollar el proyecto y que quedaron afectadas más de 150 hectáreas de terrenos forestales”.
Pero desde 2013, por lo menos, hay reportes de problemas en el proyecto. Se criticó por el lado ambiental y económico. ¿Por qué clausurarlo hasta ahora?
— La clausura se hizo cuando tuvimos la viabilidad legal de hacerlo. Llevamos a cabo la inspección y acabamos todos los procesos administrativos que concluyeron con multas por falta de manifiesto de impacto ambiental y por depredar una zona forestal sin el cambio de uso de suelo correspondiente. Dictamos también medidas de conservación, preservación, restauración y reforestación de la zona.
“Sin embargo, ellos tenían la suspensión de un amparo que les concedió un juez de distrito que evitaba la clausura. El amparo fue sobreseído. Apelaron a un Tribunal Colegiado que también confirmó el sobreseimiento del amparo. Fue en enero cuando obtuvimos la confirmación que estuvimos en viabilidad legal para llevar a cabo la clausura, que ejecutamos en los días siguientes y así completamos todo el ciclo de nuestra inspección”.
¿Qué procede tras la clausura?
— No hay obra alguna en el predio. Lo que hay es desmontes de vegetación que fundamentalmente es una selva baja, es decir, terreno forestal. Las medidas que les dictamos fueron la reforestación, restauración y, en concreto, dejar el sitio como se encontraba antes de haberlo devastado en más de 154 hectáreas, aproximadamente.
Si era una zona forestal protegida, ¿por qué se otorgaron permisos?
— El gobierno federal nunca otorgó permisos. Las autorizaciones con las que pretendían iniciar eran estatales y municipales. Incluso, revisamos los permisos que dieron los gobiernos de Benito Juárez y de Quintana Roo. En esa zona hay tres unidades de gestión ambiental que limitaban la edificación de un proyecto como el que se pretendía. Ni los permisos estatales y municipales daban para desarrollar ese proyecto en las condiciones y características que se pretendían.
“Por esa razón solicitamos a nuestra Contraloría Interna investigar la actuación de siete inspectores, dos subdelegados y un delegado, de los cuales únicamente quedan tres inspectores y un subdelegado. Pedimos que investigara la actuación en términos de la Ley de Responsabilidades para delimitar si incurrían o no en una irregularidad. Eso mismo le pedimos también al alcalde de Benito Juárez y al gobierno del estado, para que investigaran las posibles conductas en que incurrieron los servidores públicos de esos ámbitos de gobierno.
¿Es un tema político la decisión de clausurar a Dragon Mart?
— La Profepa no tiene ningún tema político. Desde luego que hay decisiones administrativas en favor del medio ambiente que tienen consecuencias políticas, económicas y sociales, pero esas no las ve la Profepa, sólo si cumplen o no la ley, si cuentan o no con los permisos y si hay afectación o no al medio ambiente. Es lo que hemos hecho, y en este caso, no hay ni una sola gota de contenido político, es un tema meramente ambiental, donde sin permisos hubo deforestación de más de 200 hectáreas para un proyecto que consideramos inviable legal y ambientalmente.
¿Cómo van los trabajos de recuperación del río Sonora?
— Desde el 6 de agosto, lo que ha hecho el gobierno federal fue asegurar a las personas, trabajar en el cuidado de su salud y la reparación del daño. Se utilizaron los mecanismos que prevé la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y obligamos a la empresa bajo el principio de que quien contamina paga, a crear un fondo inicialmente con dos mil millones de pesos. Hoy en día se han ejercido más de mil 200 millones de pesos.
“Lo importante que queda por ejercer, son la instalación de más de 30 plantas de ósmosis inversa que van a permitir que toda el agua del río, más de 250 kilómetros, sean para uso doméstico, agrícola, agropecuario sin riesgo ni para los animales ni para las personas. La Semarnat también ha aprobado el programa de remediación que se va a hacer en cinco zonas.
“La empresa está volcada en la remediación del sitio, de la contaminación de suelo. En ocho semanas tendrán que terminar y la Profepa va a revisar y Semarnat va a validar y, en su caso, a dar por saneados los primeros 30 kilómetros, así nos iremos con todas las zonas contaminadas.
“La emergencia fue levantada. La etapa de atención a las personas prácticamente está concluida y a partir de ahora estamos volcados en la remediación del sitio, no sólo del río, sino los márgenes. De seguro en los próximos meses habremos remediado en su totalidad el incidente”.
El secretario Juan José Abud afirmó recientemente que ya no había problemas con el agua en el río y que ya no estaba contaminada…
— Lo que dijo el secretario es que los más de 30 pozos que están en los márgenes del río y las pruebas que han hecho Conagua y Cofepris indicaban que los niveles de contaminación de metales pesados estaban por debajo de la norma. No dejen de considerar que la zona es una altamente mineralizada desde principios del siglo pasado. Ha habido actividad minera siempre. Lo que ocasionó el derrame fue que se contaminaran aún más los márgenes del río y que hubiera demérito de la actividad agropecuaria y de la salud de las personas. En ese río siempre ha habido contaminación de metales pesados.
“Lo que hoy se ha determinado es que de acuerdo a los muestreos que se llevaron a cabo por Cofepris y Conagua, es que el agua de esos ríos y los 36 pozos es posibles usarlo para uso doméstico y agrícola. Queremos sanear en su totalidad el río, aunque ninguna agua de ningún río es potable.
La semana pasada la Cofepris dijo que había más víctimas por la contaminación del río. ¿Qué se está haciendo si ya se había dicho que se podía usar el agua?
—El titular de Cofepris se refirió a gente que bebió agua del río, no de los pozos. Hay que distinguirlo. Lo que es permitido es tomar agua de los pozos. El agua del río nunca ha sido potable y no lo será nunca. Será útil para uso doméstico, uso agrícola y mucho van a ayudar las plantas de ósmosis inversa.