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El exgobernador Javier Duarte le saca los colores a la fiscalía mexicana

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Los abogados del exmandatario de Veracruz se adueñan del ritmo del proceso, en uno de los juicios por corrupción más mediáticos de los últimos años

Más que con cualquier otro caso, la fiscalía mexicana se juega su credibilidad con el de Javier Duarte. Se trata de un proceso que trasciende los hechos concretos que se le imputan al exgobernador de Veracruz, el desvío de cientos de millones de pesos del presupuesto del Estado. Un proceso que se lee en clave política, como si cada palabra, cada gesto del fiscal, ilustrara el compromiso del Gobierno en la lucha contra la corrupción. Cada audiencia importa, cada alegato, cada una de las palabras que usan unos y otros para defender sus argumentos. En la audiencia de este miércoles, la fiscalía ha perdido los puntos que había ganado en las anteriores.

Javier Duarte y sus abogados han conseguido lo que parecía imposible: adueñarse de los tiempos del proceso. En la audiencia de este miércoles, el juez debía decidir sobre dos asuntos. Primero, si empezaba la fase de presentación de pruebas o ampliaba la de investigación. Segundo, si accedía a que la fiscalía pidiera información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV. En ambas ha resuelto a favor de la defensa.

El proceso contra Duarte, el primero de las decenas que aguardan en los archivadores de la fiscalía, apenas empieza. Es importante porque es el primero contra uno de los gobernadores del nuevo PRI, una generación que ascendió a la par del actual presidente, Enrique Peña Nieto. Javier Duarte simbolizaba el cambio de un partido en plena reconstrucción. Tanto como él, como sus pares en Chihuaua, Cesar Duarte o Quintana Roo, Roberto Borge, enfrentan ahora cargos por corrupción.

En el primer caso del primer Duarte, la defensa rasca y rasca. Sus abogados pretendían conseguir otros seis meses para armar su estrategia, entrevistar a algunos testigos, etcétera. La fiscalía no se ha opuesto, pero ha dicho que entonces querría aprovechar y ampliar sus pesquisas. El juez ha dicho que sí, que les da seis meses a ambos como máximo, tiempo que concluirá cuando la defensa diga que está lista, cosa que podría ocurrir mañana mismo, dentro de un mes, la semana antes de las elecciones presidenciales, que se celebran el 1 de julio… El juicio por corrupción más mediático de los últimos años en México, el proceso que mide la elasticidad del estado de derecho, depende ahora de los abogados del acusado.

Los investigadores acusan a Duarte de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sostienen que Duarte ordenó la creación de empresas de papel para desviar dinero de las arcas del estado. Que promovió licitaciones falsas para proveer servicios inexistentes con el objetivo de disfrazar el desfalco. Que lo hizo desde el principio de su mandato, en 2010 y hasta casi el final, en 2016.

Por las explicaciones que han dado los investigadores en audiencias previas, clases didácticas y detalladas de ingeniería financiera, el caso parece pan comido. Tienen testigos, pruebas, su relato es más que coherente. Y sin embargo audiencias como la de este miércoles parecen borrar todo lo anterior.

Ya no es sólo el contratiempo con la fase de investigación. Los abogados de Duarte han generado la impresión de que los fiscales han tratado de enmendar un error, con la petición de información a la CNBV. Según los investigadores, lo que pedían hoy complementa lo que ya tenían. Según sus pares del otro lado de la sala, lo piden de nuevo, porque la primera vez que lo hicieron, procedieron erróneamente. Un fallo de forma. El juez se ha decantado por los argumentos de la defensa.

Lo de hoy no pone en peligro el caso de la fiscalía, pero demuestra que no hace falta demasiado para poner en problemas a los investigadores. Algo parecido ocurrió a mediados del año pasado, en una de las primeras audiencias tras la extradición de Duarte desde Guatemala, cuando sus defensores provocaron la impresión de que el caso de la fiscalía apenas se sostenía de pie. Hizo falta la intervención de funcionarios de alto rango para enderezar el rumbo.

Tal y como está la situación, el plazo de seis meses para investigar vence el 31 de julio, después de los comicios. Se abriría entonces la fase intermedia, audiencias en que una y otra parte presentan su caso, sus testigos y sus pruebas. Es el paso anterior a la del juicio oral, en la que se decidirá sobre los cargos que se le imputan al exgobernador. Sin embargo, todo este proceso podría precipitarse, decisión que recae en las manos de Duarte.

Fuente: EL PAÍS

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