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Dan palo jurídico a Remberto Estrada – Martín G. Iglesias

4 octubre, 2017
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El Ayuntamiento de Benito Juárez, que preside Remberto Estrada Barba, no supo sustentar jurídicamente su programa de recuperación de espacios en los camellones de las principales avenidas de Cancún, y un particular, les ganó un juicio de amparo, pues argumenta que se violentaron sus derechos.

Fue en el Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Quintana Roo donde el quejoso ganó la suspensión definitiva contra los actos del Ayuntamiento de demoler su estacionamiento que ya existía sobre la avenida Chichén Itzá, y el Tribunal Colegiado falló a favor de un ciudadano según el toca 419/2017 derivado del juicio de amparo 1040/2017-II.

Resulta que la administración de Remberto Estrada Barba, por medio de las dependencias de Obras y Servicios Públicos, Secretaría General del Ayuntamiento, Ecología y Desarrollo Urbano; además de Seguridad Pública y Tránsito, realizaron la destrucción de todos los estacionamientos de la Supermanzana 62 que se encontraban sobre los camellones de las avenidas de la ciudad, pero no le dieron aviso a ninguno de los ciudadanos que tenían esa área como beneficio común, privilegiando el beneficio de la colectividad y cumpliendo con el mandato de contribuir con el equipamiento urbano.

El incidente llegó hasta los tribunales, y el 22 de septiembre pasado, el Tribunal Colegiado resolvió mediante recurso de revisión “por unanimidad de votos, revocar la resolución recurrida y conceder la suspensión definitiva solicitada” por la parte que se consideró agraviada, pues el Ayuntamiento no tenía derecho de destruir ese, y los demás, estacionamientos sin antes invitar a los afectados a llegar a un acuerdo.

Con este triunfo del ciudadano, queda demostrada la falta de pericia que tiene la administración de Remberto Estrada Barba, además de la arbitrariedad y el atropello que se realizó contra todos los comercios y establecimientos que tienen un espacio en esos camellones, para evitar que se estorbe el arroyo vehicular.

El argumento del ponente y por el que se resolvió por unanimidad es que “por definición, el estacionamiento que se pretende demoler obedece a un beneficio de la colectividad -colocación de los vehículos en reposo-. Aún más, el uso de los estacionamientos públicos, no es de beneficio exclusivo de los habitantes de determinada zona, sino de cualquier persona que necesite estacionarse, precisamente porque el mismo es una obra destinada a evitar trastorno o un mal público, como lo podrían ser la aglomeración de automóviles en la vía pública y, por tanto, con ello se reporta a la sociedad una ventaja o provecho, así como la satisfacción de una necesidad colectiva”.

Hay que precisar que en sus informes justificados, las autoridades demandadas mintieron ante la juez de distrito negando el acto reclamado, cometiendo el delito de falsear información ante la autoridad judicial.

Lapidaria la sentencia del Juzgado Tercero contra el Ayuntamiento. Esto siembra un precedente que no siempre la autoridad actúa de manera justa, de ahí que la colectividad se inconforme ante las instancias encargadas de hacer respetar la Ley.

SASCAB

Me comentan que el director de Transporte en Quintana Roo, Alejandro Ramos Hernández ya encontró el “caminito” para poder allegarse de recursos económicos, se dice que pacta con los dirigentes sindicales de taxistas para “vender” las placas que dio la administración pasada.

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